LA UNIDAD POPULAR

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Según sus líderes, el triunfo de la Unidad Popular abría "una vía al socialismo en libertad, pluralismo y democracia". En palabras de Allende, era la posibilidad de marchar hacia un socialismo "con empanadas y vino tinto".

El PC, con la victoria electoral, veía cristalizar, tras largos años de espera, su política de colaboración de clases, bautizada con el nombre de Frente de Liberación Nacional, y que significaba agrupar muchas fuerzas: al proletariado, a amplios sectores de las capas medias e incluso a la burguesía nacional, a sectores que, perteneciendo a la burguesía, estaban interesados objetivamente, aunque esto no fuera del todo conciente, en cambios sociales, en cambios estructurales, en cambios democráticos en la sociedad chilena.

Para la intelectualidad izquierdista, el proyecto político de la UP se propuso cambiar los parámetros estructurales del desarrollo capitalista iniciando un desarrollo de nuevo tipo de carácter socialista que no sacrificaba el sistema democrático sino por el contrario ampliaba aún más la democracia. La defensa del nacionalismo burgués por parte de la UP se evidenciará en la visión de que las empresas transnacionales significan un ataque frontal contra el Estado-nación, y un peligro cada vez más fuerte para los países en desarrollo. En los papeles, la �estrategia� de la Unidad Popular era usar las considerables atribuciones del Poder Ejecutivo para tomar rápidamente medidas económicas que sacasen del estancamiento a la economía capitalista (nacionalizaciones con indemnizaciones, redistribución del ingreso, nacionalización del cobre, reforma agraria, etc.).

Con el gobierno de la UP se aseguraba la persistencia de un amplio sector de capitalismo nacional �y aun del inversionista extranjero no imperialista� en las extensas áreas de la economía mixta y privada. El crecimiento económico movilizaría a las masas, y entonces el Estado expropiaría a grandes industrias y crearía las bases de una nueva economía socializada. Los logros económicos reportarían en un nuevo crecimiento electoral, y así, con una mayoría electoral, la UP haría aprobar mediante un plebiscito, una nueva Constitución que "institucionalizaría la incorporación del pueblo al poder estatal" bajo la forma de un Estado Popular .

Allende planteará, en su primer mensaje al Congreso, que "Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista". Cuando un periodista francés lo interrogue sobre el verdadero rigor teórico del denominado "segundo modelo", Allende contestará que "si acaso rompiéramos la virginidad de los ortodoxos pero hiciéramos las cosas, me quedo con lo segundo..." .
Un par de semanas antes, en el discurso del 1º de Mayo del 71, Allende se dirigirá a los trabajadores para advertirles que "si fracasamos en el campo económico, fracasaremos en el campo político... Piensen, compañeros, que en otras partes se levantaron los pueblos para hacer su revolución y que la contrarrevolución los aplastó... Aquí podemos hacer la revolución por los cauces que Chile ha buscado, con el menor costo social, sin sacrificar vidas y sin desorganizar la producción" .

El "proceso revolucionario" de la UP puede valorarse mediante la confesión del entonces secretario general del PS: "si Allende mantuvo algunas opciones en las distintas fases de la gestión, éstas fueron sucesivamente: transar el proceso revolucionario; claudicar incondicionalmente; y por último, abdicar a su cargo" .

Para no alarmar a la burguesía, Allende se abstendrá de usar hasta las atribuciones ordinarias que la Constitución chilena le otorgaba al Poder Ejecutivo. Tanto es así, que Allende rara vez usará los llamados "decretos de insistencia", que lo facultaban para destrabar las situaciones en las que la oposición parlamentaria le obstaculizaba su plan de gobierno.

Mediante las medidas keynesianas, la Unidad Popular logró bajar la desocupación del 6% al 3,8%, la capacidad industrial utilizada trepó del 75% al 95%, y el crecimiento del PBI pasó del 2% al 10,9% en 1971. Los trabajadores chilenos se verán beneficiados por el sustancial aumento de los salarios reales. Según el MAPU, integrante del ala izquierda de la UP, los estratos medios perdieron rápidamente el miedo al gobierno comunista. Los comerciantes y empresarios aumentaron muy rápido sus ventas y se dieron cuenta de que con este gobierno no solamente se podía coexistir sino también hacer buenos negocios. En el medio de este "boom económico", se dan las elecciones municipales de abril del 71, y la Unidad Popular logrará aumentar en casi la mitad su caudal electoral, obteniendo el 50,9% de los votos.

Para aquellos desprevenidos que creían en el "programa" de la UP, éste hubiera sido el momento de convocar al famoso plebiscito por el socialismo, que "institucionalizaría la incorporación masiva del pueblo al poder estatal"; pero lo que traería el nuevo triunfo en las urnas era la suspensión del tan mentado "plan". En cuanto a las medidas económicas del Frente Popular, la burguesía no se engañaba a sí misma, y por boca de la DC reconocerá abiertamente que "en lo fundamental sólo se había producido un cambio de patrón en las empresas del �área social�, donde el capitalista privado fue reemplazado por un nuevo patrón, el Estado".

Así, en las empresas nacionalizadas que formaban el Área de Propiedad Social (APS), la gestión de las mismas quedaba a cargo de Consejos Administrativos, compuestos de 5 representantes de los obreros y 5 funcionarios estatales. Los mandatos de los representantes obreros eran revocables cada año, no así el de los burócratas estatales, que manejaban las empresas con el mismo estilo que los viejos patrones "privados".

Básicamente, se trataba de comprometer a los trabajadores con el cumplimiento de metas productivas, pero los obreros no tenían poder para fijar esas metas, no sólo al nivel de la rama de actividad (a medida que el APS se ampliaba), sino al nivel de la propia empresa.

Posteriormente, el Gobierno y la UP plantearán la incorporación de los sindicatos al esquema de "participación". La subordinación de los mejores elementos de la clase, a la gestión del capitalismo de Estado, implicará una dependencia política frente a ese mismo Estado burgués. Es decir, se estaba inclusive muy lejos de una situación parecida a la que motivó el famoso debate entre Lenin y Trotsky sobre el papel de los sindicatos en el nuevo poder soviético. En cuanto a la nacionalización del cobre (proceso iniciado con la compra del 51% de las acciones durante el gobierno de Frei), basta decir que no sólo implicaba indemnizar a las empresas yanquis, sino que... ¡¡hasta la derecha la votó!!
El secretario general del PS quiso dejar en claro, para la posteridad, que la famosa nacionalización del cobre no fue un acto arbitrario y unilateral del gobierno �marxista�... se efectúa por decisión unánime del Parlamento, en el cual la coalición gobernante estaba en minoría. Entre noviembre del 70 y agosto del 71, el gobierno de Allende pagará en concepto de indemnizaciones: 400 millones de dólares a bancos comerciales; 576 millones a multinacionales del hierro y el salitre; 320 millones a terratenientes; 600 millones a monopolios expropiados; 8.830 millones a las empresas yanquis de cobre Anaconda y Kennecott .

Semejante hemorragia de dólares contribuirá al imperialismo yanqui a decidir el corte de todos los créditos, porque una cosa era ver qué sucedía con el �experimento Allende�, y otra cosa era financiarlo... con el riesgo, inclusive, de perderlo todo. La caída del precio del cobre (manejado por las multinacionales a las cuales la UP indemnizaba generosamente) significaba una pérdida del 33% de los ingresos del Presupuesto Nacional.

Pese al alza de los salarios reales y al lento cumplimiento de la reforma agraria, las masas no cesaban de organizarse y movilizarse. Los explotados chilenos esperaban que ahora, con �Don Chicho� en el gobierno, sus más anheladas reivindicaciones se verían al fin cumplidas... Y si acaso la derecha no le permitía al �compañero Presidente� cumplir con el Programa, entonces qué mejor que organizarse y movilizarse con aún mayor intensidad.
Por eso, en marzo del 71 Allende recriminará a las organizaciones de campesinos la toma de fundos, exigiéndoles que esperen el trámite legal.

Para los obreros en huelga, también habrá reprimendas: "Que los trabajadores entiendan que éste es su Gobierno, y que siendo su Gobierno... no puede haber la pretensión de un sector de los trabajadores de imaginarse que tienen una influencia mayor. Porque la paralización de su actividad puede implicar fuertemente un impacto en la economía nacional" .

La misma actitud había tenido Maurice Thorez, �capo� del PC francés y dirigente de otro Frente Popular, que se dirigía a las masas en alza, en junio del 36, planteando que las ocupaciones de fábricas, de negocios y granjas, no estaban incluidas en el programa del Frente Popular... Esto no sólo es ilegal, sino que es algo peor: es una humillación al patrón.

Las ocupaciones deben cesar. Pese al esfuerzo bipartito de la UP y la CUT durante el período enero-diciembre del 71, el número de huelgas ascendía a 1.758, y las tierras ocupadas se contabilizaban en 1.278.

La burguesía empezará a protestar abiertamente por la incapacidad del Frente Popular para frenar a las masas. Radomiro Tomic, de la DC, alarmado, declarará que "las ocupaciones ilegales no se deben sólo al accionar de la ultraizquierda, sino también a la acción espontánea de grupos de campesinos, trabajadores y mineros". En diciembre del 71, la derecha retoma la iniciativa política. En ocasión de la visita de Fidel Castro a Chile, los partidos de derecha organizan la "Marcha de las Cacerolas", en la cual 80.000 personas (mayoritariamente mujeres) se dirigen a La Moneda para protestar contra el desabastecimiento.

La movilización de la burguesía y el accionar de los grupos de extrema-derecha (Patria y Libertad, Comando Rolando Matus) merecerán la advertencia de Fidel Castro acerca del peligro del fascismo en Chile. En los tres años de la Unidad Popular, la derecha logrará movilizar, cuantas veces se lo proponga, a numerosos sectores de las "capas medias" (irónicamente, la �niña bonita� de la UP), y así los médicos, abogados, profesores universitarios, odontólogos, pequeños comerciantes, se convertirán en arietes de la burguesía y (en la visión de la izquierda chilena) en "la amenaza fascista".

¿Era inevitable esta actitud de la pequeña-burguesía? ¿Eran las "capas medias" el caldo de cultivo del "fascismo chileno"?

Analizando la situación política alemana, y la relación entre fascismo y pequeña burguesía, Trotsky sostendrá que la lucha cotidiana del proletariado agudiza la inestabilidad de la sociedad burguesa. Las huelgas y las revueltas políticas agravan la situación económica. La pequeña burguesía podría adaptarse pasajeramente a estas privaciones crecientes si llegase, por experiencia, a la conclusión de que el proletariado está en condiciones de guiarla por un nuevo camino... La pequeña burguesía no puede seguir al obrero si no ve en él al nuevo amo... La política del reformismo quita al proletariado la posibilidad de dirigir a las masas plebeyas de la pequeña burguesía, transformándola ya por eso en carne de cañón del fascismo.

A inicios de junio del 72, Pedro Vuskovic, ministro de Hacienda, sostenía que "la burguesía aún no tiene la cohesión suficiente para intentar una contrarrevolución armada", y dado que el aparato jurídico-administrativo (sic) había hecho crisis, urgía "una gigantesca movilización de masas con el objeto de controlar el aparato productivo, y prepararlo para el enfrentamiento militar entre clases".

En esos mismos días, para el PC la tarea más importante era "aumentar la producción"... El 17/6, Allende designa un nuevo gabinete en el cual, por presiones de la derecha y el PC, ya no figura Vuskovic...

Para fines de junio habrá un nuevo pacto con la DC, por el cual se acuerdan los integrantes de los directorios de los bancos estatizados, y se excluye del Área de Propiedad Social a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (el mayor monopolio del ramo), cuyo principal propietario es... Jorge Alessandri, del Partido Nacional.

El incipiente desgaste de los trabajadores chilenos con el gobierno y la izquierda explicará que en las elecciones de junio en la CUT, la lista respaldada por la DC se lleve el 32% de los votos.

En junio del 72, el gobierno todavía no podía hacer cumplir la ley de reforma agraria sancionada por Frei... y tampoco lograba contener a las masas.

En la población de Melipilla, cerca de Santiago, los campesinos organizarán una enorme movilización reclamando la entrega inmediata de las tierras y la renuncia del juez Olate, que demoraba alevosamente el trámite judicial. La policía reprimirá la manifestación y unas 20 personas serán detenidas. Sin embargo la lucha no cesa. Una semana más tarde, los campesinos de Melipilla saldrán a cortar las rutas, y se encontrarán con la solidaridad activa de los obreros en conflicto de las fábricas textiles Perlak y Polycrom, y de la fábrica de aluminio Las Américas, que venían desde la vecina localidad de Cerrillos para apoyar a sus aliados de clase.

Mientras vitorean el nombre de Allende y culpan al Congreso por no defenderlos, darán nacimiento a la primera organización de tipo "soviético": el Cordón Industrial de Cerrillos, que rápidamente saca una declaración a favor del "control obrero de la producción" y por una "Asamblea de Trabajadores" que reemplace al Congreso.

La idea pega con fuerza entre los explotados chilenos, y en un par de días nacerá otro Cordón, el de Vicuña Mackenna. El PC y el sector allendista del PS ordenarán a sus militantes boicotear los Cordones, con el argumento de que todas las acciones debían ser coordinadas a través de la CUT. Globalmente la UP no comprendió ni captó la poderosa fuerza inmersa en el Poder Popular. Lo percibió como una expresión �izquierdista� y anarquizante de cuyo control desconfiaba", será el balance, mistificador, de la dirección del PS años después del golpe.

A fines de julio del 72, cerca de 3.000 delegados, representando a partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones populares y estudiantiles, se reúnen en una Asamblea Popular en la ciudad de Concepción, para discutir la situación política. Ausente con aviso: el PC, para quien la Asamblea era una maniobra de la reacción y el imperialismo, usando de pantalla a elementos de la ultraizquierda. Atacando la Asamblea de Concepción, Allende manifestará su adhesión a la democracia, al señalar que ningún revolucionario sensato puede ignorar el sistema institucional que gobierna nuestra sociedad, del cual el gobierno de la Unidad Popular forma parte.

Asimismo, Allende expresará su oposición al "doble poder", porque éste habría surgido en otras circunstancias históricas, en oposición a estructuras de poder reaccionarias, que no tenían ni base social ni apoyo popular. Para Allende, la creación de órganos de �doble poder" bajo su gobierno era sin dudas un acto de "crasa irresponsabilidad", ya que el gobierno de la UP representaba los intereses de la clase obrera como un todo. Allende se oponía no sólo a la dictadura del proletariado, sino también al primer paso que conduce a ella: el desarme de la burguesía y el armamento del proletariado.

Por eso sostendrá que bajo el gobierno de la Unidad Popular "no habrá aquí más grupos armados que aquellos estipulados por la Constitución, es decir, el ejército, la marina y la fuerza aérea. Eliminaré cualquier otro que apareciera".

Los continuos cambios de gabinete evidenciaban la falta de cohesión al interior del Frente Popular. La impasse intentará ser superada en julio del 72 con el primer Congreso de los partidos integrantes de la Unidad Popular, donde se distinguen dos políticas.
La primera será la del PC y la mayoría del PS, que consistía en buscar a cualquier costo un nuevo acuerdo con la burguesía vía la Democracia Cristiana, tratando de evitar una crisis para la cual ni la Unidad Popular ni las fuerzas sociales en que se apoya están preparadas.
La segunda era la del sector de izquierda del PS, el MAPU y la Izquierda Cristiana, que abogaban por cumplir aceleradamente con las nacionalizaciones previstas en el Programa en base a una ofensiva ideológica. El debate en el seno de la UP mostraba que la totalidad de la izquierda, por diversos motivos, era incapaz de ver que cuando el movimiento obrero y de los explotados ha roto los diques de control de la burguesía, cuando su desarrollo se desenvuelve masivamente en el cuadro de los partidos obreros, cuando su movilización apunta al doble poder; en una palabra, cuando no... se trata de una ampliación del desenvolvimiento capitalista, sino del gobierno obrero y el anti-capitalismo... las nacionalizaciones burguesas se encuadran dentro de los recursos políticos para frenar a las masas, para desviarlas y, por lo tanto, aplastarlas. El capitalismo de estado que había en los proyectos allendistas estaba vinculado a todo el objetivo de arrebatar las libertades de movilización de las masas y marchar, contra ellas, hacia un bonapartismo cívico-militar.

Como desenlace del Congreso de la UP, Allende designará en agosto del 72 al nuevo ministro de Hacienda, Orlando Millas (miembro del Comité Central del PC), que implementará una política económica de "disciplina laboral" (represión de huelgas), con énfasis en las "tareas de producción" (mayor explotación), y con medidas "anti-inflacionarias" (tarifazos).

El 9 de octubre de 1972 se inicia el paro de los propietarios camioneros, cuyo líder, León Vilarín, es dirigente del grupo paramilitar Patria y Libertad. La paralización del transporte terrestre, a través del bloqueo armado, en sentido literal, de la única ruta que comunica Chile de norte a sur (la Panamericana), provocará la rápida escasez de alimentos, de combustible, de materias primas y repuestos.

Animados por el paro de los camioneros, las patronales de las industrias y el campo sentirán la necesidad de darle una lección a tanto obrero y campesino revoltoso, y producirán un lock-out. Cerrarán sus persianas los comercios, y se sumarán al caos provocado por la burguesía los médicos, los farmacéuticos, los dentistas, los abogados.

Se trataba, entonces, de una �insurrección de la burguesía�, que usaba su enorme e intacto poder económico para presionar y poner de rodillas al Frente Popular. Conviene no perder de vista que el conflicto directo entre el Frente Popular y la burguesía está subordinado a la contradicción básica, a la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Por lo tanto, será el fracaso del Frente Popular en disciplinar a las masas, y no el Frente Popular en sí mismo, lo que llevará a la burguesía a la �sublevación�.
Pero con el lock-out patronal de octubre se producirá un nuevo e impresionante salto en la conciencia y organización de las masas populares, pasando por encima de sus direcciones, y llevando a la práctica el frente único de los trabajadores: los obreros democristianos lucharán codo a codo con los obreros socialistas y comunistas. Ante el sabotaje económico de la patronal, la clase obrera toma en sus manos la tarea de mantener en pie la producción. Así, se ocupan las industrias y tierras �abandonadas� por sus dueños, y se multiplican los Cordones Industriales.

Para defender el consumo popular, amenazado por la especulación, el acaparamiento y el cierre de los negocios, las masas dan vida a las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios), que actúan como un sistema de control popular sobre la distribución y comercialización de productos de primera necesidad. Para coordinar a nivel municipal las tareas de mantenimiento de los servicios públicos, es que surgen los Comandos Comunales.

Cada una de estas organizaciones no dudará, no sólo en tomar el control de la situación, sino también en recuperar los camiones, despejar las rutas, abrir los supermercados, etc., por medio de la violencia física; que también usará para auto-defenderse de los atentados de Patria y Libertad. El gobierno declara el estado de sitio, y en las "zonas de emergencia" el poder político de las provincias pasa a manos de las FF.AA. Los interventores militares enviados por el gobierno mostrarán, como no podía ser de otra forma, más premura por entorpecer las actividades de las masas y reprimirlas, que por imponer a la patronal �la ley y el orden�.

La clase obrera chilena será, en el transcurso de 26 días, el caudillo nacional que guiaba la vida social de la nación. La burguesía había sido derrotada, humillada. Pero el 3 de noviembre, Allende llama a las fuerzas armadas a ingresar al gobierno, en un nuevo gabinete de "paz social". Hay que resaltar que el gobierno acudió a las FF.AA. no para derrotar el lock-out patronal, sino una vez derrotado éste, para imponer una tregua a los explotados victoriosos.

El general Prats, jefe del Ejército, es designado ministro del Interior, y su tarea consistirá en asegurar la devolución de las empresas �ocupadas� a sus dueños privados.

El general Bachelet, jefe de la Fuerza Aérea, se encargará del área de la distribución, con la misión de desbaratar la actividad de las JAP.

La dirección del PC chileno elogiará la implantación del bonapartismo cívico-militar, porque significaba un avance y un signo de fuerza, más que de la Unidad Popular, del Gobierno constitucional, de la democracia chilena.

El Pentágono yanqui, sin embargo, no se conmoverá por este "triunfo de la democracia", y sacará sus propias conclusiones en un informe llamado "Octubre en Chile", en el cual se señala que, ante el peligro inminente que Allende sea desbordado por la insurrección popular en desarrollo, sólo un régimen duro podía desarticular la organización de los trabajadores. El régimen político de dominación democrática tenía los días contados...

Terminado el paro patronal, se viven momentos de euforia en el gobierno y en los partidos de la Unidad Popular.

Años después del golpe, el PC seguía sosteniendo que tras el paro patronal de octubre era preciso frenar la ocupación de empresas, dar garantías al empresario privado y contener toda movilización popular dentro de los estrictos marcos legales.

El acentuamiento de la política de compromiso con la burguesía, después de octubre, abrirá algunas fisuras en la UP. En la izquierda, por ejemplo, el MAPU sufrirá una escisión de derecha (allendista), que añadirá a la sigla partidaria las palabras "Obrero y Campesino". A fines de noviembre, el presidente de la CUT (y flamante ministro de Trabajo) deberá �bajar� dos veces para tratar de convencer a los obreros de Arica de permitir la vuelta al trabajo de la gerencia �borrada� durante el paro de octubre. Aun así, hará falta la �fuerza argumentativa� de los Carabineros para desalojar a los trabajadores que habían tomado la fábrica.

En enero del 73, el gabinete Millas-Prats da a conocer su intención de restituir a sus dueños las fábricas ocupadas durante el paro patronal, y la reducción a un mínimo del número de empresas que pasarían a ser propiedad estatal. La reacción obrera no tardará en manifestarse. En el Cordón Cerrillos-Maipú se producen manifestaciones y se levantan barricadas. Se organiza una marcha unitaria de los Cordones a Santiago. En la fábrica Textil Bromack, trece militantes comunistas romperán con el PC como gesto de protesta...
Como instancia de esta lucha, y ante la indiferencia (hostilidad disimulada, en realidad) de los �periódicos de izquierda�, el Cordón de Vicuña Mackenna empezará a editar su propio periódico, llamado "Tarea Urgente", cuyo primer ejemplar informa que "en su asamblea del 28/1 los miembros de este Cordón aprobaron la siguiente resolución:
1) Ninguna fábrica tomada durante la huelga patronal debe ser devuelta a sus dueños;
2) Unánimemente rechazamos el llamado �Plan Millas�, que no representa las verdaderas aspiraciones de la clase obrera.

El 5 de febrero se realiza, en el Estadio Nacional de Santiago, una nueva y enorme movilización de repudio al �Plan Millas�. Un grupo de manifestantes portará una bandera con la consigna "Un pueblo desarmado es un pueblo conquistado".

Las protestas irán sin embargo a un punto muerto, fundamentalmente porque los ojos de la izquierda chilena estaban puestos en las nuevas elecciones. Para el domingo 4 de marzo estaban fijadas elecciones legislativas, y la UP se vería enfrentada a la derecha unida en la Confederación Democrática.

El PC levantará, antes y después de las elecciones, la consigna "No a la guerra civil", colosal consigna desmovilizadora que, junto a su política abiertamente derechista, le hará tan sólo mantener su electorado, mientras el PS lograba duplicar el suyo...

En las elecciones de marzo del 73, la UP consigue, en medio de una hiperinflación, el 44% de los votos. Se ve frustrada así la táctica de la Confederación Democrática de lograr los dos tercios del Congreso para deshacerse "constitucionalmente" del gobierno de Allende. Será en este momento cuando se abra un definitivo conflicto entre el golpismo y la UP. El resultado de las elecciones no detenía la lucha de clases, y la combatividad obrera y campesina se mantendrá. El 10 de abril, la población de Constitución realizará una Asamblea del Pueblo, ante los problemas creados por la exigencia gubernamental de "devolver" las fábricas ocupadas, y los reclamos populares por la tierra y contra el mercado negro.

En esa Asamblea, los 25.000 pobladores votan simplemente tomar el control del municipio, y serán ellos mismos quienes durante el transcurso de 2 días (tiempo que demoró el Estado en maniobrar su derrota) asuman todas las funciones estatales, garantizando la salud, la educación, los transportes, la comercialización de bienes, etc. El 19 de abril, cerca de 13.000 obreros de El Teniente, mina de cobre nacionalizada por la UP, iniciaban una huelga que duraría más de 2 meses, y que estallaba por la negativa del gobierno en reconocer aumentos salariales estipulados en convenio.

El paro será abandonado primero, y combatido después, por la totalidad de la izquierda chilena (MIR incluido), para quienes la lucha por defender el salario en medio de una hiperinflación era "desestabilizadora".

Políticamente huérfanos por decisión de la propia izquierda, los confundidos obreros recibirán el �apoyo� de la DC y de Patria y Libertad. Tampoco la �amenaza golpista� (siempre invocada por el gobierno, pero ante la cual capitulaba invariablemente) impedirá la lucha de los trabajadores.

En este cuadro, en julio toma estado público, para la izquierda, claro, que en medio del paro camionero de octubre del 72, por iniciativa del senador democristiano Juan de Dios Carmona, se había votado una Ley de Control de Armas, que suspendía la inviolabilidad del domicilio, daba una total libertad a las FF.AA. para realizar allanamientos, en los que se actuaba en base a delaciones secretas de las cuales no quedaba constancia ni en el mismísimo sumario. Todo esto, para entregar las armas en manos de los trabajadores al Estado burgués.

Pasado el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su conformidad, y ante la ausencia de veto presidencial, quedó promulgada con el número 17.998. En la izquierda, nadie podía (o quería) explicar por qué Allende no había vetado la ley.

Lo cierto es que desapercibida en un primer momento, la sanción de la ley de Control de Armas se tornará en una pesadilla en julio del 73...

Una semana antes del golpe, en una manifestación de masas en celebración del tercer aniversario de la victoria de la UP, los órganos de poder dual (Cordones Industriales, Comandos Comunales, JAP, etc.) de la provincia de Santiago, enviarán a Allende una carta expresando que "antes teníamos el temor de que el proceso al socialismo se estaba transando, para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués, que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico, por instinto de conservación. Pero ahora nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que no sólo se nos está llevando por el camino que nos conducirá al fascismo en un plazo vertiginoso, sino que se nos ha estado privando de los medios para defendernos".
Los órganos del poder dual "le exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas". La carta terminará advirtiendo que si su requerimiento no es escuchado, "en este país habrá no una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino una masacre fría, planificada" .

Según Joan Garcés, asesor personal de Allende, los servicios secretos soviéticos habían detectado, a mediados del 73, que en la base militar de Panamá, y con la coartada de participar en el operativo Unitas, se aprestaba una Escuadra de guerra yanqui que, cuando llegara a Valparaíso, actuaría como apoyo al golpe militar en Chile.

Sin embargo, el gobierno de Allende no necesitaba de los servicios secretos de Brezhnev, puesto que a inicios de junio, un grupo de suboficiales y marineros (fruto del trabajo político del MIR en el seno del ejército) se entrevista con los senadores Altamirano (PS), Garretón (MAPU) y con Miguel Enríquez del MIR, para informar con lujo de detalles los nombres y los planes golpistas.

La reunión será detectada, y en las semanas siguientes son encarcelados secretamente por la Marina unos 400 suboficiales bajo el cargo de "tentativa de golpe contra la armada". Si bien el gobierno de la UP sabía esto, ninguna voz se alzó ni ninguna acción se tomó en favor de ellos.

El ensayo del golpe fue el �Tancazo�, cuando el 29 de junio el general Souper, a cargo del Regimiento Blindado Nº 2 de Santiago, pruebe la reacción de los Cordones Industriales. Pinochet mismo reconocerá que el "Tancazo" fue como una "mano de Dios" que le hizo ver que �esta guerra se decidía aquí en Santiago", ahogada en sangre la resistencia obrera en los Cordones Industriales.

De allí en más, en virtud de la ya citada Ley de Control de Armas, las FF.AA. allanarán fábricas, empresas estatales, locales partidarios, casas particulares y hasta cementerios, en busca de armas en poder de los trabajadores. Se preparaba el camino hacia la masacre... Así, el 27/7 se inicia el segundo paro nacional de los camioneros, que según su líder León Vilarín, "terminará cuando se acabe el gobierno de Allende".

Sólo cuatro días después, unos 250 oficiales de la guarnición militar de Santiago solicitan al general Prats una "reunión deliberativa" (¿a esto llamaba la UP la "democratización del concepto de seguridad nacional"?), en la cual se exige:
1) Un acuerdo gobierno-DC.
2) Entrega total de las empresas del Área Social a las FF.AA.
3) Declarar fuera de la ley a los Cordones Industriales.

Tras innumerables negociaciones y concesiones para lograr el levantamiento de la huelga de los camioneros, será llamado nuevamente Prats a intervenir, quien sorpresivamente en ese momento renuncia a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército porque "ya no puedo detener las fuerzas golpistas". El 23 de agosto, Allende designa al general Pinochet como reemplazo de Prats.

A principios de septiembre, se adhieren al paro de los camioneros numerosos sectores de la clase media: médicos, farmacéuticos, abogados, comercios mayoristas y minoristas, etc. El individuo Salvador Allende sufrirá en carne propia su política de "ampliación de las libertades" cuando, a partir de fines de agosto, la prensa burguesa (El Mercurio) llegue a extremos inauditos, invitándolo a renunciar, a suicidarse, o ambas cosas a la vez.
Allende, impotente, les contestará: "Yo no puedo, no estoy en condiciones de hacer nada en contra de El Mercurio, pero háganlo ustedes" a los dirigentes del MIR que criticaban su "blandura" ante la contrarrevolución .

La contrarrevolución tenía una radiografía de las fuerzas motrices de la revolución chilena, distinguiendo tres "grupos":
1) "Los motores del marxismo", es decir, el activismo comunal, regional, de los Cordones, partidista o no, quienes realmente "movían al pueblo".
2) "Los dirigentes del marxismo", o sea, cuadros políticos de la UP, intelectuales, dirigentes estudiantiles.
3) "Los dirigentes y funcionarios de gobierno y jerarcas de la UP".

La contrarrevolución, consecuentemente, procederá a "detener y fusilar inmediatamente" a aquellos pertenecientes al primer "grupo"; a "detener, torturar y condenar a largas penas" al segundo grupo, y a "detener largo tiempo y expulsarlos del país" a los funcionarios del Frente Popular.

El viernes 7 de septiembre se allanan los bastiones obreros del APS, como las fábricas textiles Sumar y Lanera Austral. En esta última, un trabajador es fusilado por los militares.

El sábado 8 de septiembre, Allende se reúne con los generales Pinochet, Leigh y Montero, y les pide que den órdenes a sus subordinados para que "moderen sus ímpetus" en los allanamientos por la ley de control de armas...

El 10 de septiembre, sólo cuatro horas antes de que el golpe se iniciara en Valparaíso, el ministro de Defensa, Orlando Letelier (asesinado por la DINA años después), da una conferencia de prensa anunciando que "la situación del país tiene una solución política que en breves horas dará a conocer el Presidente".

Letelier se refería a la decisión de Allende de llamar, el martes 11, a un plebiscito sobre la continuidad del gobierno de la UP. Los primeros enterados del plebiscito eran los golpistas Pinochet y Urbina, quienes se habían reunido con Allende el domingo 9 de septiembre ante los rumores sobre la inminencia del golpe.

Sabiendo Pinochet esto, el previsto "llamado a plebiscito" no hizo más que adelantar en 3 días la fecha del golpe... Desde aquel día pasaron 24 años, pero aún hoy, Gladys Marín (actual jefa del PC) sostiene que no había razones para dar el golpe, porque el plebiscito daba una salida a la impasse.

En realidad, las urnas podrían haber acabado, o no, con el gobierno de la UP, pero jamás podían acabar con los Cordones, con los Comandos Comunales, con las JAP... Para eso hacía falta, una vez que el Frente Popular había logrado (en gran parte) contener y confundir a las masas, desatar la masacre de los trabajadores y explotados.

El 11 de septiembre del 73 será solamente el último acto de un golpe que había comenzado desde hacía ya un par de meses.

El ejército aplasta los focos de resistencia en las fábricas (en Lucchetti Pastas, los obreros derribaron un helicóptero) y en las "callampas" (en Nueva La Habana será la Fuerza Aérea quien bombardee a la población).

A media mañana, Allende recibirá de los golpistas la oferta de un salvoconducto para él, su familia y sus colaboradores... lo que rechazará indignado y, fusil FAL y bazooka en mano, resistirá el bombardeo al Palacio de la Moneda.

Por radio, Allende enviará su último mensaje: "Tengo la certeza que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición".

Pobre consuelo para una clase obrera que supo tener en sus manos, mediante sus propias organizaciones, el curso de su propio destino y el de la nación oprimida, y que terminará siendo sometida por la burguesía chilena y el imperialismo, a manos de una Junta Militar Gubernamental de Liberación Nacional dirigida por el �constitucionalista� Pinochet.

Quedaban sepultadas bajo la forma de una monumental estafa política las proclamaciones de la Unidad Popular acerca del "poder popular" y de los "canales de participación de los trabajadores", que ocultaban el hecho fundamental, decisivo, de que "el pueblo no tenía ningún derecho a armarse, un privilegio que la Constitución reservaba sólo a la camarilla militar. El gobierno de Allende era, en este aspecto, absolutamente constitucional, y no permitía otros �canales� armados que los establecidos".

Para los trabajadores chilenos el resultado fue una feroz masacre y una feroz dictadura de más de 15 años. Allende se valió de las fuerzas armadas para desarmar al pueblo, y aunque ello le costó la vida, sirvió para salvar al único Estado que Allende reconocía como propio: el burgués.

- Salvador Allende; Nuestro camino al Socialismo; Ed. Papiro. Buenos Aires, 1983.
- Carlos Altamirano; Dialéctica de una derrota; Siglo XXI Editores, 1977.
- Luis Vega; La Caída de Allende; editorial y año de publicación desconocida por ser un material fotocopiado.